EL JUEZ ORDENA NO PAGAR FACTURAS A LAS EMPRESAS DEL CASO PONIENTE

Ocho de las empresas investigadas por su presunta participación en la trama corrupta a la que apunta el Caso Poniente no verán -al menos por ahora- ni un euro de las facturas que les debe y les tiene reconocidas el Ayuntamiento de El Ejido.
El juez que instruye las diligencias, Jesús Miguel Hernández, ha dictado un auto por el que ordena intervenir las cantidades reconocidas a esas ocho sociedades dentro del plan de pago a proveedores aprobado por el Consistorio ejidense en cumplimiento del Real Decreto de abril de este año.
Las mercantiles investigadas a las que se aplicará esta medida cautelar son Elsur -la empresa mixta de servicios municipales considerada el epicentro de la presunta trama de corrupción-, algunas de las subcontratas que le realizaban trabajos (Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos) y otras  con diferentes contratas municipales (Contenedores Lirola, Hermanos Lirola, Lobelia Gestión y Clabert Gestión).
Todas ellas figuran en las diligencias de investigación iniciadas en el año 2009 como sociedades que ingresaban fondos procedentes del Ayuntamiento de El Ejido mediante la prestación de servicios, en muchos casos con evidentes sobreprecios y facturas ‘infladas’.
Solo a Elsur, el Consistorio le tiene reconocida en el plan de pago a proveedores una deuda superior a los 81 millones de euros. La suma total de las facturas aprobadas en dicho plan entre todas las sociedades podría superar los 90 millones.
La intervención del pago de facturas a estas mercantiles fue pedida por el propio Ayuntamiento, a instancias del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en el municipio. El Ministerio Fiscal no ha puesto objeción a la medida. El PP y el Consistorio están personados en la causa, al igual que Izquierda Unida y el PSOE, para defender los intereses públicos presuntamente dañados con la actuación de los imputados.
Aviso a Economía y a bancos
La medida cautelar lleva aparejado el aviso tanto al Ministerio de Economía como a once entidades bancarias para que estén al tanto del estado de intervención y retención de las cantidades que les correspondería cobrar a esas ocho empresas dentro del plan de pagos del Ayuntamiento y se abstengan de canalizar el abono de esas cantidades.
El juez instructor considera en su auto que esta decisión está justificada por los “indicios de criminalidad existentes en la conducta de los investigados” y estima necesarias las medidas cautelares “a fin de obtener datos concretos sobre el lucro económico obtenido mediante las actividades delictivas presuntamente llevadas a cabo por los imputados en esta causa”.
Riesgo de desaparición
En este sentido, el magistrado considera que aún persisten los argumentos que en octubre de 2009 (cuando se detuvo a los primeros 20 imputados) llevaron a bloquear y embargar decenas de cuentas bancarias, títulos de valores, depósitos, acciones o títulos financieros de los principales implicados.
Esos argumentos no son otros que los riesgos de que los imputados “puedan hacer desaparecer los fondos y/o los elementos patrimoniales respecto a los que se solicitan las medidas cautelares de intervención de los créditos”, subraya el magistrado. Con ello, se asegura, además, la posible responsabilidad patrimonial que se derivara de la causa.
El auto fue dictado por el juez instructor el pasado viernes pero  ayer se le comunicó a las partes personadas en el caso.